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El pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050. Un texto con el que se busca dar respuesta al desafío del cambio climático a través de una serie de objetivos y plazos y conseguir que España cumpla así con sus compromisos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París.
Unos objetivos ambientales y energéticos para 2030 y 2050 que podrán ser revisados, pero sólo para elevarlos. Estos se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima. El primero de ellos abarcará desde el 2021 hasta el 2030 y buscará reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990, a través de la duplicación del porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%. A partir de 2030 las emisiones deberán reducirse hasta el 20% con respecto a niveles de 1990. En este punto la presencia de energías limpias en el sistema eléctrico deberá llegar hasta un 74% y la eficiencia debería mejorar en un 39,5%.
En este plan, también se estima que la transición energética atraerá una inversión de más de 200.000 millones de euros en la próxima década y que supondrá un aumento de entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. Además, calcula que el PIB aumentará en 2030 alrededor del 1,8% gracias a la movilización de inversiones, al ahorro de energía y una mayor presencia de renovables respecto a un escenario sin medidas de este tipo.
Otros objetivos de la Ley del Cambio Climático
El objetivo final de la ley es que España alcance como muy tarde en 2050 la neutralidad en emisiones, es decir, que emita la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros puedan absorber. Un plan que afecta al modelo ambiental y al energético y que supone grandes cambios para la ciudadanía. Estos son algunos de los principales objetivos que marca la Ley de Cambio Climático para alcanzar la neutralidad en 2050:
• Movilidad sostenible. La Ley del Cambio Climático contempla que para 2040 se deberá eliminar la venta de vehículos diésel y gasolina. Además, quedará prohibida su circulación a partir de 2050, menos los vehículos históricos. Esta apuesta por la movilidad sostenible vendrá acompañada de la implantación de una red de carga de vehículos eléctricos y acciones que busquen reducir las emisiones del transporte marítimo y aéreo.
• Un ‘Madrid Central’ en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Los municipios que cuenten con más de 50.000 habitantes deberán crear zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, apoyando también el uso del transporte público y la bicicleta.
• Unos PGE contra el cambio climático. Los Presupuestos Generales del Estado deberán ir en la línea de la lucha contra el cambio climático con una cantidad final que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.
• No más inversiones ni ayudas a las energías fósiles. El Gobierno no invertirá más en aquellos activos de empresas con actividades que tengan relación con productos energéticos de procedencia fósil. Únicamente seguirá invirtiendo o dando ayudas a empresas de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
• No más sondeos ni prospecciones de combustibles fósiles. No se aprobarán más autorizaciones de exploración, investigación, y exploración de hidrocarburos en territorio español, incluyendo el mar territorial.
• Apuesta por los biocombustibles y el biogás. Por otra parte, se apostará por planes que impulsen gases renovables incluyendo el biogás, el biometano y el hidrógeno.
• Educar contra el cambio climático. El sistema educativo reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Además, las universidades deberán revisar el tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y se mantendrá siempre renovado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el catálogo de las ofertas de formación de la Formación Profesional.
La aprobación del proyecto de la Ley del Cambio Climático aporta el marco legislativo para hacer frente al cambio climático y alcanzar los ODS de cara a 2050.
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