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La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE han diseñado un plan de recuperación para ayudar a los países miembros a recuperarse de los fuertes golpes que la pandemia ha asestado a la economía, a la vez que apunta a construir los cimientos para una Europa más sostenible y digital.
En concreto, la Unión Europea, junto con NextGenerationEU, han diseñado para esta misión de reconstrucción y modernización europea, el mayor paquete de estímulo de su historia, que suma un total de 1,8 billones de euros. Esta impresionante cifra se dividirá entre el Marco financiero plurianual 2021-2027, un plan de gasto diseñado para derivar rápidamente las inversiones hacia las rúbricas que más las necesiten, y NextGenerationEU, un instrumento de emergencia creado para mejorar la capacidad financiera del presupuesto de la UE por medio de la captación de nuevos fondos en el mercado financiero. Se trata de una ampliación de más de 500.000 millones de euros con respecto a los 1,279 billones previstos antes del coronavirus.
Este último , NextGenerationEU, es la gran novedad de la revolución sostenible de la nueva Europa pos-COVID. Cuenta con 750 mil millones de euros, 140.000 de los cuales se destinarán a nuestro país, centrados en tres rúbricas:
Según los cálculos del Gobierno, de los 140 mil millones, aproximadamente la mitad, 72 mil millones, serán los que se recibirán en forma de transferencias y ayudas directas, mientras los restantes se percibirán en forma de préstamos. El objetivo último es la creación de 800.000 puestos de trabajo, por lo que será fundamental que estos fondos lleguen a las PYMES españolas, tras ser percibidas y distribuidas por los Ministerios, las Comunidades Autónomas y, finalmente, las entidades locales.
Con todo, en este sentido habrá una limitación clara. NextGenerationUE impone la condicionalidad de basar la reconstrucción en la sostenibilidad y la digitalización, lo que implica que algunos sectores se verán más beneficiados que otros. Será el caso de la construcción, el sector de las energías renovables —en pleno auge, la automoción, las telecomunicaciones, los servicios sociales, la educación, la investigación tecnológica y todas aquellas actividades con valor añadido que están directamente relacionadas con las beneficiarias: arquitectos, abogados, consultorías, etcétera.
El Gobierno ha informado que la transición ecológica estará en el centro de esta remodelación estructural y que por ello destinará el 37% de los fondos a este cometido.
Dentro de esta rúbrica, en particular, se prevé poner bajo el foco el sector de la construcción fomentando su transición hacia la sostenibilidad. Según informa la propia UE, los edificios representan el 40% del consumo total de energía, además de ser responsables del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas durante la fases de construcción, utilización, renovación y demolición. Adicionalmente, la falta de certificación de eficiencia energética de los edificios contribuye a una pérdida de energía, en tanto que un 30% escapa por las ventanas, un 25% por las paredes y un 2% por los suelos. Más del 80% del parque de viviendas nacional se encuentra en esta situación, el 40% del cual tiene una antigüedad superior a los 40 años.
Es asimismo importante recordar que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) estima que los comercios y los hogares generan el 56% de la contaminación de las ciudades. Precisamente, la renovación de viviendas es otro de los objetivos fijados a nivel nacional, y se pretende rehabilitar para la eficiencia energética alrededor de 500.000 viviendas en los próximos tres años.
La digitalización, el otro eje sobre el que girará este plan de recuperación, recibirá el 33% de los fondos. Si bien España dispone de infraestructuras que la posicionan por encima de la media europea, tiene asignaturas pendientes, como un mayor apoyo a sectores que se podrían beneficiar de una inyección de fondos para su desarrollo digital. Ejemplos son el sector agroalimentario, pero también el comercio minorista, el transporte sostenible y el fomento de ciudades más inteligentes.
El plan que el Gobierno ha propuesto a la Comisión Europea contempla la rehabilitación y adaptación de infraestructuras de residencias para mayores, una mejora de la conectividad nacional, en especial en áreas rurales y remotas, así como la puesta en marcha de servicios de teleasistencia para 870.000 personas dependientes.
Asimismo, también prevé destinar fondos a la Igualdad de Género, con el objetivo de disminuir la pobreza infantil que afecta sobre todo a mujeres, así como impulsar la llamada economía de cuidados.
Desde el punto de vista financiero, no podemos dejar de señalar la tendencia al alza en inversiones en activos de empresas que siguen criterios ASG, que se han mostrado las más resilientes durante y después de la pandemia y experimentan un crecimiento tanto nacional como internacional.
La asignación de las ayudas se ha realizado teniendo en cuenta factores como la población, la tasa de paro media de los últimos cinco años en comparación con el promedio de la UE y el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. Así, por el momento, con alrededor del 22% de los fondos preasignados (4.252 euros), Andalucía recibiría 702 millones de euros; Cataluña, 596 millones de euros; la Comunidad de Madrid, 461 millones de euros; y la Comunidad Valenciana, 414 millones de euros. Siguen con cierta distancia Castilla y León, 293 millones de euros; Galicia, 249 millones; Canarias, 243 millones; Castilla-La Mancha, 206 millones; País Vasco, 194 millones; Murcia, 185 millones; Asturias, 152 millones; Aragón, 138 millones; Baleares, 133 millones; y Extremadura, 101 millones. En la cola de las cuantías encontramos Cantabria, 70 millones; Navarra, 61 millones; La Rioja, 31 millones; Ceuta, 13 millones; y Melilla, 10 millones.
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