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Invertir para el medio ambiente
Los gobiernos apuestan por favorecer la sostenibilidad de las inversiones
Mayo 2021
Cada vez más países están regulando los riesgos sociales y medioambientales dentro de las estrategias de las empresas y elevando los requisitos de información.
Los países están adoptando un enfoque cada vez más holístico para fomentar la sostenibilidad, atañe a todos los aspectos de la sociedad y la economía, y también a las finanzas, integrando una mayor transparencia y respeto por los riesgos ambientales, sociales y corporativos. Precisamente, Estados Unidos organizó una cumbre virtual sobre el cambio climático los días 22 y 23 del pasado mes de abril y la Unión Europea ha acordado su nueva ley al respecto, que fija una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero del 55% ya en 2030. Pero estos planes también afectan a la inversión y la pujanza creciente de los productos que incentivan una mayor sostenibilidad. Para regularlo, la UE también cuenta con el Plan de Acción de la Comisión Europea que incluye una parte relativa a finanzas, y trata de fomentar la inversión sostenible, con instrumentos y estructuras con el objetivo maximizar las inversiones verdes e integrar los riesgos climáticos, ambientales y sociales en las estrategias de las entidades financieras.
Los pasos se van sucediendo poco a poco. El reglamento respectivo para fijar las normas al respecto entró en vigor el 20 de julio de 2020 con medidas que comenzarán a entrar ya en 2022 y establece qué actividades son ambientalmente sostenibles. La norma recoge que los productos que promueven actividades medioambientales o con metas sociales deben recoger la proporción de las inversiones seleccionadas a tal fin.
Pero la estrategia de la Unión Europea va más allá. En concreto, como desgrana, el responsable global de de servicios financieros sostenibles de KPMG Internacional, Tomas Otterström, la directiva de información no financiera obliga a las compañías con más de 500 personas a informar sobre sus desafíos sociales y medioambientales desde finales de 2017. Asimismo, la Comisión Europea trabaja en integrar estos aspectos en los tests de estrés del sector bancario, además de regular las etiquetas de inversiones verdes y sostenibles. En España, sin ir más lejos, la Ley 11/2018, que en parte transpone la citada directiva en materia de información no financiera y diversidad, obliga a empresas cotizadas y de cierto tamaño a elaborar información financiera con el impacto de su actividad en cuestiones medioambientales, sociales, de respeto de los derechos humanos, así como a la lucha contra la corrupción.
Estados Unidos, también por la sostenibilidad
Precisamente, este rumbo también se impone al otro lado del océano. El nuevo enfoque lo lidera la presidenta interina de la SEC estadounidense, Allison Lee, que el pasado mes de marzo señaló que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) encabezarán su agenda de prioridades, reclamando mayor información al respecto a las empresas. En sus palabras, la «distinción, entre lo que es "bueno" y lo que es rentable, entre lo que es sostenible desde el punto de vista medioambiental y lo que es sostenible económicamente, entre actuar en pos del interés público y actuar para maximizar el resultado final, se reduce cada vez más», abundó en una intervención celebrada el pasado 15 de marzo en el Center for American Progress.
De esta forma, la regulación se encamina a reclamar también más transparencia a las empresas en Estados Unidos. «Los inversores exigen más y mejor información sobre el clima y los aspectos ESG y esa demanda no está siendo satisfecha por el marco voluntario actual», señaló la propia Lee. Para ello, por el momento la SEC ha creado un grupo de trabajo que intentará identificar las conductas indebidas de las empresas relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza.
Los pasos se van sucediendo poco a poco. El reglamento respectivo para fijar las normas al respecto entró en vigor el 20 de julio de 2020 con medidas que comenzarán a entrar ya en 2022 y establece qué actividades son ambientalmente sostenibles. La norma recoge que los productos que promueven actividades medioambientales o con metas sociales deben recoger la proporción de las inversiones seleccionadas a tal fin.
Pero la estrategia de la Unión Europea va más allá. En concreto, como desgrana, el responsable global de de servicios financieros sostenibles de KPMG Internacional, Tomas Otterström, la directiva de información no financiera obliga a las compañías con más de 500 personas a informar sobre sus desafíos sociales y medioambientales desde finales de 2017. Asimismo, la Comisión Europea trabaja en integrar estos aspectos en los tests de estrés del sector bancario, además de regular las etiquetas de inversiones verdes y sostenibles. En España, sin ir más lejos, la Ley 11/2018, que en parte transpone la citada directiva en materia de información no financiera y diversidad, obliga a empresas cotizadas y de cierto tamaño a elaborar información financiera con el impacto de su actividad en cuestiones medioambientales, sociales, de respeto de los derechos humanos, así como a la lucha contra la corrupción.
Estados Unidos, también por la sostenibilidad
Precisamente, este rumbo también se impone al otro lado del océano. El nuevo enfoque lo lidera la presidenta interina de la SEC estadounidense, Allison Lee, que el pasado mes de marzo señaló que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) encabezarán su agenda de prioridades, reclamando mayor información al respecto a las empresas. En sus palabras, la «distinción, entre lo que es "bueno" y lo que es rentable, entre lo que es sostenible desde el punto de vista medioambiental y lo que es sostenible económicamente, entre actuar en pos del interés público y actuar para maximizar el resultado final, se reduce cada vez más», abundó en una intervención celebrada el pasado 15 de marzo en el Center for American Progress.
De esta forma, la regulación se encamina a reclamar también más transparencia a las empresas en Estados Unidos. «Los inversores exigen más y mejor información sobre el clima y los aspectos ESG y esa demanda no está siendo satisfecha por el marco voluntario actual», señaló la propia Lee. Para ello, por el momento la SEC ha creado un grupo de trabajo que intentará identificar las conductas indebidas de las empresas relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza.
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