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Sostenibilidad medioambiental

El cambio climático amenaza el acceso hídrico en España

Octubre 2021

El desastroso incendio ocurrido en Sierra Bermeja, el cordón montañoso que conforma el flanco suroeste de la serranía de Ronda (Málaga), que arrasó con casi 10 mil hectáreas, puso de manifiesto una vez más dos grandes problemáticas. Por una parte, el elevado riesgo de incendio existente en España y, por otra, la escasez de reservas de agua, que estuvieron a punto de agotarse durante las labores de extinción del fuego.

Si bien España ha avanzado en la dirección de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, ha dejado desatendidas las masas de agua y su reparación. Tanto es así, que en 2021 se registra que solo el 57,8% de las aguas superficiales —ríos, lagos o embalses— se encuentra en buen estado, una mejoría de tan solo un 3,8% con respecto a 2015 (54%), según datos de confederaciones hidrográficas. En cuanto a las aguas subterráneas los números son peores: los acuíferos en buen estado han pasado del 62% al 59%. 

El informe de Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España, promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la coordinación técnica del Basque Centre for Climate Change (BC3), identifica 73 riesgos provocados por el calentamiento global en 10 categorías: recursos hídricos, medio marino, costas, ecosistemas terrestres, áreas urbanas, salud, agricultura y ganadería, energía, transporte y turismo.
Así, en lo que concierne al impacto del cambio climático en los recursos hídricos, el informe indica que se prevé un aumento de las sequías meteorológicas e hidrológicas, tanto en intensidad como magnitud, a causa del aumento de la evapotranspiración —es decir, la pérdida de humedad en superficie por evaporación directa junto a la pérdida de agua por transpiración de la vegetación— y a la disminución de las precipitaciones. Con ello, la aportación hídrica a los ríos se vería directamente mermada. 

Asimismo, en el informe se recalca la necesidad de naturalización de ríos y regeneración de cauces y humedales para mitigar los daños de esos fenómenos con medidas como restaurar las riberas, no construir infraestructuras y eliminar aquellas en desuso que dificultan la continuidad fluvial, no desecar lagunas, o llevar a cabo revegetación. Se trata de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, definidas por la Unión Europea como “soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos, además de ayudar a crear resiliencia”.
Del mismo modo, en los distintos ámbitos nos encontramos con alertas como pérdidas en la pesca por la migración de las especies a otras aguas (pesca, medio marino, ecosistemas), una menor operatividad de los puertos a causa del aumento de los fallos en los diques (transporte), la desaparición de los deportes de nieve, disminución de producción hidroeléctrica (energía verde), o peligro para viviendas situadas cerca de la costa (áreas urbanas y salud). 

La salud humana es también una preocupación reflejada en el informe. A los riesgos asociados a las temperaturas excesivas y a las inundaciones, se suman enfermedades y mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias, agravamiento de enfermedades crónicas y lesiones. Estas últimas, a causa de DANAs (depresión aislada en niveles altos), riadas o inundaciones, que además de causar gravísimas pérdidas humanas y de biodiversidad, los daños suponen un gran desembolso económico y cuestan una media de 800 millones de euros al año, según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España.
Por su parte, un informe del World Resources Institute estima que, a raíz de la compleja situación hídrica de España, nuestro país podría convertirse en uno de los 33 con más problemas de abastecimiento del mundo para el 2040. Y es que, tal y como apuntamos en este post, España se sitúa como el país más árido de Europa, con un 20% de su territorio considerado desértico y entre el 75% y el 80% en riesgo de desertificación, ya que en la última década las precipitaciones han disminuido alrededor de un 3% con respecto al período de referencia 1981-2010 y se estima que se alcance un -5% en la década 2050-2060. 

A estas repercusiones directas, se suman otras consecuencias indirectas en aspectos sociales y económicos, como la incertidumbre alimentaria, el impacto en la ganadería y la agricultura y la aparición de nuevas enfermedades tanto en animales como en seres humanos. 

Con todo, los autores del informe consideran los riesgos identificados como preliminares y se muestran optimistas en cuanto a la buena voluntad de un diálogo por parte de gobiernos, empresas, organización e incluso la población. En esa misma línea se pronunció Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, quien declaró que "las encuestas revelan que tenemos un elevado nivel de conciencia climática, y que es reivindicativa, de exigencia de acción frente al calentamiento global, pero seguimos teniendo pendiente esa asignatura de la traducción de la conciencia global al ámbito de la conciencia local".
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