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Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer semestre de 2022 nacieron casi mil niños menos que en el mismo período de 2021. La tasa de natalidad en nuestro país sigue, pues, cayendo en picado, descendiendo hasta mínimos históricos. Una tendencia que no ha variado desde hace ocho años y de manera consecutiva: si en el primer semestre de 2015 se contabilizaron 205.000 nacimientos, en 2022 la cifra fue de 159.705 alumbramientos.
A este fenómeno se le une otro igual de alarmante, y estrechamente relacionado: al no haber tantos nacimientos, y ser la esperanza de vida cada vez mayor (79,6 años en el caso de los hombres y 85,1 en el de las mujeres), se puede representar de manera gráfica a la población como una pirámide invertida.
Así lo apuntaba Expansión en un informe sobre la pirámide de la población: nuestro país tiene un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, concretamente, un 20,09%: se la puede considerar, por tanto, una población envejecida. España no es ajena a la tendencia del resto de países desarrollados, donde la esperanza de vida cada vez es mayor gracias a los avances en medicina y los nacimientos, más escasos.
El informe ‘Funding the Future: The Impact of Population Ageing on Revenues across Levels of Government’, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE de la que España forma parte junto con otros 33 países), apunta que el envejecimiento de nuestra población podría tener, entre otras, las siguientes complicaciones:
A la luz de estas conclusiones y con el informe elaborado por el Gobierno en su plan para España 2050 ‘Preparar nuestro estado del bienestar para una sociedad más longeva’ en la mano, el gasto público en pensiones en España podría incrementarse en hasta 5 puntos de PIB. Para lidiar con esta tendencia al alza, el mismo informe determina la necesidad de mejorar la eficiencia de sus servicios públicos y, sobre todo, lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada vez más activa en la vida económica y social.
En línea con esta última medida, el informe invita a “superar anticuados estereotipos sobre la vejez, adaptar muchos empleos a las expectativas y capacidades de los trabajadores más sénior, y facilitar la compatibilización de la pensión con el empleo”.
Además, señala la importancia de asegurar la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, certificando la equidad entre generaciones; reforzar y reorganizar el Sistema Nacional de Salud; y optimizar la red pública de cuidados de larga duración. El informe entiende que estos objetivos implican un aumento del gasto, que por otra parte conlleva la creación de empleo y empresas que podrían mejorar el futuro de nuestra economía y apuntalar la sostenibilidad del sistema.
Para la viabilidad del sistema de pensiones hay tres desafíos clave: la sostenibilidad financiera, la capacidad de proporcionar ingresos adecuados para la jubilación y la garantía de equidad entre generaciones. El informe establece el camino de hacer coincidir gradualmente la edad de jubilación efectiva a la legal, promover el alargamiento de la vida laboral e impulsar la previsión social complementaria.
En este último capítulo, es recomendable el asesoramiento de un experto para dar los pasos adecuados y dar forma a nuestros ahorros según la situación personal y las expectativas de cada uno. En este respecto, los fondos de inversión son una de las opciones más demandadas de cara a la jubilación por los millenials, como ya apuntábamos en esta entrada anterior.
Además, las jóvenes generaciones, a diferencia de las anteriores tienen cada vez más en cuenta la inversión responsable, mostrando por ejemplo una creciente implicación en el cambio positivo al que debe dirigirse un planeta cada vez más afectado por el cambio climático. Productos financieros ambientales, sociales o de gobierno corporativo son los principales puntos de mira de una juventud comprometida que, también, contempla su futuro con esperanza.
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