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Consumo sostenible
El derecho a reparar: Europa da otro paso hacia la economía sostenible y circular
Septiembre 2021
La reparación de un televisor o una nevera pasados unos años desde su compra se podía transformar en un dolor de cabeza, cuando no un desafío extenuante. Ahora las cosas van a cambiar: el Parlamento Europeo aprueba el derecho a reparar.
Supongamos, por poner un ejemplo más frecuente de lo que podríamos pensar, que dejase de funcionar la luz de nuestra nevera. El coste de la reparación sería seguramente escaso y el mecanismo bastante fácil: desmontar la pieza protectora y cambiar la bombilla. Pues bien, con cierta probabilidad, nos encontraremos con un tipo de tornillos propios de la marca y la imposibilidad de conseguir la herramienta que necesitamos.
La falta de disponibilidad de manuales, la imposibilidad de adquirir las piezas sin recurrir a un servicio técnico oficial, la descatalogación de un producto y sus repuestos o, sobre todo, la especificidad de las herramientas requeridas para realizar una reparación son algunos de los problemas más frecuentes a la hora de intentar reparar nuestros electrodomésticos. Es lo que se llama obsolescencia programada o, lo que es lo mismo, la planificación de la vida útil de un producto para que deje de funcionar y haya de ser sustituido pasado cierto tiempo o número de usos.
Así, en un nuevo esfuerzo para promover la sostenibilidad, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de noviembre de 2020 el llamado derecho a reparar, para que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”.
Y es que el gran problema de la obsolescencia programada consiste en que conlleva la renovación frecuente de electrodomésticos y ello supone un impacto medioambiental considerable, debido a la alta contaminación de los componentes de este tipo de residuos. El Global E-Waste Monitor de 2020, indica que en 2019 se produjeron 53,6 millones de toneladas de basura tecnológica en todo el mundo. Asimismo, advierte que en 2030 podríamos alcanzar los 74,7 millones de toneladas a nivel global, lo que supone que las cifras actuales se doblarán para 2035 de no tomarse medidas activas para cambiar los hábitos actuales.
En el texto aprobado por Bruselas, el derecho a reparar propone una nueva normativa que ayude a la eliminación de obstáculos legales que impidan la reparación, reventa y reutilización. Por un lado, los fabricantes estarán obligados durante diez años a disponer de los manuales y de las piezas necesarias para que los usuarios puedan reparar los aparatos y, por otro, exige una unificación de las herramientas necesarias (destornilladores, llaves, etc) para llevar a cabo esta tarea.
Otro aspecto fundamental para la lucha por un mundo más sostenible es que los fabricantes tendrán que incluir unas etiquetas claras y visibles al comprador en las que indiquen la vida útil del electrodoméstico y el índice de reparabilidad. Este etiquetado tiene por misión no solo ayudar a la sostenibilidad, sino también fomentar la economía circular, ya que conocer este dato promovería la compraventa de aparatos de segunda mano.
El derecho a reparación entró en vigor en abril de 2021 para todos los fabricantes europeos y se aplicará a lavavajillas domésticos, lavadoras, frigoríficos, pantallas electrónicas y fuentes de luz.
Para la aplicación del derecho de reparación, la Unión Europea cuenta con el apoyo del proyecto ANTICSS. Iniciado en 2018 en Berlín, su objetivo principal es apoyar la aplicación de las normativas europeas en el sector de productos como los electrodomésticos, las fuentes de iluminación o las tecnologías de la comunicación. Entre sus funciones, se encuentra la de identificar las prácticas que los fabricantes utilizan para eludir la legislación de etiquetado de diseño ecológico y energético de la UE para así posicionar mejor su producto en el mercado. De este modo, el proyecto ANTICSS pretende apoyar la aplicación efectiva de la legislación de la Unión Europea para aumentar la aceptación y la confianza en los productos.
La falta de disponibilidad de manuales, la imposibilidad de adquirir las piezas sin recurrir a un servicio técnico oficial, la descatalogación de un producto y sus repuestos o, sobre todo, la especificidad de las herramientas requeridas para realizar una reparación son algunos de los problemas más frecuentes a la hora de intentar reparar nuestros electrodomésticos. Es lo que se llama obsolescencia programada o, lo que es lo mismo, la planificación de la vida útil de un producto para que deje de funcionar y haya de ser sustituido pasado cierto tiempo o número de usos.
Así, en un nuevo esfuerzo para promover la sostenibilidad, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de noviembre de 2020 el llamado derecho a reparar, para que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”.
Y es que el gran problema de la obsolescencia programada consiste en que conlleva la renovación frecuente de electrodomésticos y ello supone un impacto medioambiental considerable, debido a la alta contaminación de los componentes de este tipo de residuos. El Global E-Waste Monitor de 2020, indica que en 2019 se produjeron 53,6 millones de toneladas de basura tecnológica en todo el mundo. Asimismo, advierte que en 2030 podríamos alcanzar los 74,7 millones de toneladas a nivel global, lo que supone que las cifras actuales se doblarán para 2035 de no tomarse medidas activas para cambiar los hábitos actuales.
En el texto aprobado por Bruselas, el derecho a reparar propone una nueva normativa que ayude a la eliminación de obstáculos legales que impidan la reparación, reventa y reutilización. Por un lado, los fabricantes estarán obligados durante diez años a disponer de los manuales y de las piezas necesarias para que los usuarios puedan reparar los aparatos y, por otro, exige una unificación de las herramientas necesarias (destornilladores, llaves, etc) para llevar a cabo esta tarea.
Otro aspecto fundamental para la lucha por un mundo más sostenible es que los fabricantes tendrán que incluir unas etiquetas claras y visibles al comprador en las que indiquen la vida útil del electrodoméstico y el índice de reparabilidad. Este etiquetado tiene por misión no solo ayudar a la sostenibilidad, sino también fomentar la economía circular, ya que conocer este dato promovería la compraventa de aparatos de segunda mano.
El derecho a reparación entró en vigor en abril de 2021 para todos los fabricantes europeos y se aplicará a lavavajillas domésticos, lavadoras, frigoríficos, pantallas electrónicas y fuentes de luz.
Para la aplicación del derecho de reparación, la Unión Europea cuenta con el apoyo del proyecto ANTICSS. Iniciado en 2018 en Berlín, su objetivo principal es apoyar la aplicación de las normativas europeas en el sector de productos como los electrodomésticos, las fuentes de iluminación o las tecnologías de la comunicación. Entre sus funciones, se encuentra la de identificar las prácticas que los fabricantes utilizan para eludir la legislación de etiquetado de diseño ecológico y energético de la UE para así posicionar mejor su producto en el mercado. De este modo, el proyecto ANTICSS pretende apoyar la aplicación efectiva de la legislación de la Unión Europea para aumentar la aceptación y la confianza en los productos.
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